La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), junto a la CPPC, celebraron la aprobación en el Senado del proyecto de Modernización Laboral enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, al considerar que la iniciativa representa un paso clave para actualizar el marco normativo que regula el empleo en el país.
En un comunicado, las entidades señalaron que, de convertirse en ley, la reforma “terminará con cincuenta años de anomia legislativa” y establecerá reglas más claras y previsibles que permitirán estimular la generación de trabajo formal sin vulnerar derechos adquiridos.
Previsibilidad y fin de la “discrecionalidad interpretativa”
Desde la óptica del complejo agroexportador, uno de los principales aportes del proyecto radica en la redefinición de normas que, según plantean, fueron objeto de interpretaciones judiciales que distorsionaron el espíritu de la ley original.
Para CIARA-CEC, esa dinámica generó un esquema de “sobreprotección” que volvió imprevisible el costo de las desvinculaciones laborales, lo que —afirman— terminó desalentando nuevas contrataciones dentro del sistema formal. En ese sentido, destacaron que la reforma no elimina la indemnización por despido, pero la transforma en una variable anticipable y eventualmente financiable, reduciendo la incertidumbre para el empleador.
La entidad sostuvo que esa mayor previsibilidad podría contribuir a que el empleo registrado vuelva a convertirse en una alternativa razonable frente a esquemas informales que hoy predominan en distintos sectores de la economía.
Cambios en convenios y servicios esenciales
El comunicado también subraya otros aspectos que consideran relevantes, como la exclusión analógica de las convenciones colectivas de trabajo, la posibilidad de acuerdos bipartitos voluntarios sobre el pago de horas extraordinarias y la adecuación del régimen de ultraactividad de los convenios.
Asimismo, valoraron la regulación de la prestación mínima en servicios esenciales, la redefinición de prácticas desleales en el marco de negociaciones colectivas y la actualización del procedimiento de encuadramiento sindical y sus efectos durante el proceso.
Desde el sector agroindustrial entienden que el conjunto de estas modificaciones apunta a restablecer equilibrios en las relaciones laborales, brindar mayor seguridad jurídica y generar condiciones más propicias para la inversión y la creación de empleo formal.
El proyecto deberá ahora completar el trámite legislativo para convertirse en ley, en un contexto en el que la reforma laboral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno y del sector privado.
