La Federación de Acopiadores de Granos encendió una señal de alarma frente a lo que define como una situación inédita en el mercado argentino de soja. De acuerdo con información recabada entre operadores del sector, un conjunto de empresas exportadoras multinacionales habría comenzado a exigir a acopios y cooperativas la entrega de datos comerciales sensibles de sus productores clientes como condición indispensable para concretar operaciones de compra.
Entre la información solicitada figuran las hectáreas trabajadas por cada productor, el nombre y la ubicación de los establecimientos, la localidad y provincia de los campos y el número de RENSPA. La exigencia alcanzaría también a los productores que comercializan de manera directa, a quienes se les pediría información confidencial que, según la entidad, no guarda relación directa con las operaciones de compraventa de granos.
Desde la Federación sostienen que se trata de un avance sin antecedentes. “Nunca en la historia del mercado granario se planteó, ni siquiera en los debates más duros, la posibilidad de que la exportación exigiera conocer la cartera de clientes de acopios y cooperativas”, señalan, y advierten que este tipo de pedidos vulnera principios básicos de confidencialidad y protección de los datos comerciales.
La entidad cuestiona además la legitimidad de las exportadoras para imponer este tipo de condiciones. En ese sentido, remarcan que no existe respaldo legal, comercial ni moral para que las empresas exportadoras asuman un rol de control sobre los productores y los intermediarios del mercado. A su entender, detrás de la exigencia subyace un intento de apropiación de información estratégica que, en el mediano plazo, podría debilitar o directamente desplazar a acopios y cooperativas del esquema comercial.
El planteo es calificado por la Federación como técnicamente inviable, ofensivo, innecesario e ilegal. Inviable, porque resulta imposible identificar en forma individual el origen de cada carga de granos que sale de una planta de acopio. Ofensivo, porque avanza sobre la confidencialidad de los clientes. Innecesario, porque ya existen sistemas confiables de certificación ambiental, como VISEC, que permiten cumplir compromisos internacionales sin exponer datos comerciales sensibles. E ilegal, porque la práctica podría violar la Ley de Protección de Datos Personales y disposiciones del régimen de Lealtad Comercial.
En ese mismo sentido, recuerdan que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, contemplan mecanismos para resguardar el secreto comercial, por lo que las exigencias planteadas por las exportadoras excederían el marco normativo vigente.
Para los acopiadores, la justificación vinculada a un supuesto “road map climático” impulsado por las propias empresas no alcanza para explicar el alcance de la solicitud. Consideran contradictorio que firmas que participan del sistema VISEC promuevan, en paralelo, esquemas alternativos que vulneran los principios de confidencialidad que ese mismo sistema busca proteger.
La Federación advierte además que la conducta podría encuadrar en prácticas prohibidas por el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial, lo que habilitaría a los afectados a iniciar acciones judiciales para frenar la implementación de estas exigencias y reclamar eventuales daños.
Mientras tanto, la entidad decidió hacer pública la situación y comenzó a articular acciones con organizaciones de productores y corredores de granos, con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta. “La comercialización de granos en la Argentina se apoya en reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva será enfrentado institucionalmente”, concluyen desde la Federación.
