El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, volvió a reclamar una ley provincial que permita erradicar de manera definitiva la actividad de los cuidacoches en la ciudad. Tras los recientes episodios de violencia vinculados a trapitos, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que la normativa municipal resulta insuficiente y pidió un marco legal más amplio que respalde el accionar de la Policía y la Justicia.
Poletti explicó que, aunque en la capital santafesina la actividad está prohibida, la sanción vigente es de carácter contravencional y no genera consecuencias duraderas. “Hoy se interviene, se retira a la persona del lugar y, en muchos casos, a las pocas horas vuelve a hacer lo mismo”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de que la Legislatura provincial avance con una ley que establezca penas concretas ante la reiteración de esta conducta.
En ese sentido, el intendente detalló que el municipio trabaja de manera articulada con la Policía y que ya se produjeron 44 detenciones vinculadas a cuidacoches, principalmente por resistencia a la autoridad o averiguación de antecedentes. Sin embargo, advirtió que sin una herramienta legal de alcance provincial, el problema se vuelve recurrente.
El mandatario local también destacó los programas de reconversión laboral impulsados desde el municipio, que permitieron que 103 cuidacoches se incorporen a cooperativas y accedan a otras tareas. No obstante, reconoció que existe un grupo que rechaza estas alternativas y continúa con prácticas extorsivas, lo que refuerza el pedido de un mayor respaldo normativo.
Poletti subrayó la importancia de que los vecinos denuncien amenazas, agresiones o cobros compulsivos, y afirmó que el objetivo es terminar con este tipo de situaciones, especialmente cuando derivan en hechos de violencia grave. “No podemos permitir que se repitan episodios como los ocurridos en los últimos días”, sostuvo.
Por último, el intendente confirmó que el municipio mantiene diálogo con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia y con representantes del Poder Judicial, y que también trabaja junto a concejales de distintos espacios políticos. “Santa Fe dio un primer paso al prohibir la actividad. Ahora necesitamos una ley provincial que ayude a las ciudades a terminar con los trapitos y permita a la Policía actuar y a la Justicia imputar cuando corresponde”, concluyó.
