Córdoba se convirtió en la primera provincia del país en implementar, a escala territorial, un seguro agrícola multirriesgo orientado a eventos climáticos extremos, una experiencia piloto que marca un punto de inflexión en la gestión del riesgo agropecuario en la Argentina. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Bioagroindustria provincial y cuenta con la participación de La Segunda Seguros, que integra el esquema de coaseguro junto a otras compañías del mercado, bajo la articulación de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA).
El programa contempla una cobertura de hasta 500.000 hectáreas de soja y maíz, un volumen sin antecedentes en el país para este tipo de instrumentos, y se posiciona como un modelo innovador tanto por su alcance como por su diseño institucional.
Un esquema complementario a los seguros tradicionales
Se trata de una cobertura de carácter catastrófico, pensada como complemento de los seguros tradicionales —como granizo o incendio— y no como un reemplazo. El objetivo es ampliar el abanico de herramientas disponibles frente a contingencias climáticas de alto impacto, sin interferir en la operatoria habitual del mercado asegurador.
“El valor de este programa está en que es la primera vez que se implementa un seguro de este volumen en la Argentina”, señaló Carlos Comas, gerente de Riesgos Agropecuarios de La Segunda Seguros. “Es una experiencia inédita que demuestra que estos esquemas son posibles cuando hay decisión política, información confiable y articulación con el sector asegurador”, agregó.
Qué cubre el seguro multirriesgo
El seguro implementado en Córdoba cubre daños por granizo, viento y heladas, e incorpora además riesgos sistémicos como sequía e inundación, eventos que por su impacto simultáneo sobre grandes superficies no cuentan actualmente con soluciones comerciales masivas en el mercado argentino.
La cobertura se activa cuando el rendimiento final del productor y del cultivo cae por debajo de un umbral definido para cada zona, garantizando un piso productivo y amortiguando el impacto económico de contingencias severas. De este modo, el esquema contribuye a sostener la cadena de pagos, preservar la actividad económica regional y reducir la necesidad de asistencias estatales de emergencia posteriores.
Una escala sin precedentes
La magnitud del programa es uno de sus principales diferenciales. Mientras que experiencias previas de seguros multirriesgo en el país se desarrollaron a escalas limitadas, esta prueba piloto multiplica por diez los antecedentes conocidos.
“Hay experiencias en provincias como Mendoza, Corrientes o Chaco, donde venimos trabajando desde hace varias campañas en esquemas similares, pero a otra escala”, explicó Comas. “Lo disruptivo de Córdoba es el volumen y el rol activo del Estado provincial, que asume la contratación de la cobertura”, subrayó.
El programa está dirigido exclusivamente a productores adheridos al esquema de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), un requisito que garantiza trazabilidad, control técnico y un enfoque de sustentabilidad productiva. Pueden acceder quienes ya formaban parte del programa en campañas anteriores, lo que permite contar con información histórica validada sobre manejo, rendimientos y superficies. En esta etapa piloto, la Provincia financia el 100% del costo del seguro, por lo que la cobertura no tiene costo para los productores. Actualmente, ya participan más de 800 productores.
Información y reaseguro, claves del modelo
La viabilidad del programa se apoya en el robusto sistema de información agrícola con el que cuenta Córdoba, que integra polígonos georreferenciados por cultivo, rendimientos históricos y monitoreo satelital permanente. Este respaldo de datos oficiales aporta previsibilidad técnica y transparencia al esquema.
A ello se suma el apoyo de reaseguradoras internacionales especializadas en riesgos agropecuarios, un factor clave para la sostenibilidad financiera del seguro y para consolidar el carácter público-privado de la iniciativa.
“El objetivo es que esta experiencia funcione como antecedente y pueda replicarse en otras provincias o incluso a nivel nacional”, concluyó Comas. “Cuando hay información de calidad y una decisión institucional clara, estos esquemas son viables”.
