Febrero se perfila como un mes de alto voltaje político en el Congreso Nacional. Con el inicio formal de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, el oficialismo busca avanzar con un paquete de iniciativas que promete fuertes debates dentro y fuera del recinto. Aunque el calendario parlamentario aparecía vacío hasta este fin de semana, la ausencia de actividades formales no implicó quietud: las negociaciones, presiones y posicionamientos se activaron mucho antes.
El decreto 24/2026 puso en marcha un período extraordinario que se extenderá hasta el 27 de febrero. En ese lapso, el Gobierno aspira a repetir triunfos legislativos y consolidar su agenda, con la reforma laboral como principal eje. El presidente Javier Milei apuesta a que el Congreso vuelva a convertirse en escenario de celebraciones oficiales, aunque el camino no aparece despejado.
La discusión excede al Palacio Legislativo. Provincias, sindicatos y actores económicos siguen de cerca el impacto de los proyectos, mientras los gobernadores analizan con cautela las consecuencias fiscales que podrían derivarse de la llamada “modernización laboral”. El tema será parte de la agenda del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los mandatarios provinciales pondrán sobre la mesa la posible merma de recursos en distritos ya golpeados por la caída de la recaudación.
La pulseada por la reforma laboral
En diciembre pasado, el oficialismo logró dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado, un paso clave para intentar llevar el proyecto al recinto. Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil. Para habilitar el debate se requieren 37 votos en la Cámara alta, un número que hoy depende en gran medida de legisladores indecisos y de las negociaciones que el Ejecutivo viene encarando con gobernadores y bloques aliados.
El ministro del Interior, Diego Santilli, tuvo un rol central durante enero en la búsqueda de apoyos, combinando encuentros políticos con una fuerte presencia territorial junto al Presidente. Aun así, no se descarta que el debate se demore o incluso quede postergado para el período ordinario que comienza el 1° de marzo, si no se logra un consenso mínimo sobre un proyecto que genera resistencias tanto en la oposición dura como en el movimiento sindical.
En paralelo, el Senado también tiene en carpeta otras iniciativas relevantes, como el proyecto de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, cuya ratificación quedó en suspenso tras la decisión del Parlamento Europeo de revisar su contenido. A esto se suma el tratamiento pendiente del pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
Diputados y el debate por la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados concentrará otro de los debates más sensibles de las extraordinarias: la reforma del Régimen Penal Juvenil. El Gobierno volvió a impulsar la baja de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, un tema que había logrado dictamen en 2025 pero que nunca llegó al recinto.
El crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe, aceleró la discusión y volvió a poner el tema en agenda. El proyecto establece la imputabilidad desde los 14 años, aunque dentro de La Libertad Avanza reconocen que se evalúa llevar ese límite a los 13. La iniciativa prevé un régimen penal específico para adolescentes, con alojamiento en centros diferenciados y medidas orientadas a la educación y la resocialización, excluyendo expresamente la prisión perpetua.
El debate cosecha apoyos más allá del oficialismo. Gobernadores como Maximiliano Pullaro se manifestaron a favor de endurecer las penas en delitos graves, mientras otros sectores, como la Iglesia Católica, reclaman una mirada integral que no se limite a la sanción penal.
El ruido de fondo: la SIDE
Mientras tanto, el inicio del año quedó marcado por la polémica en torno al DNU 941/26, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La norma generó un fuerte rechazo opositor al otorgar mayores atribuciones a los organismos de inteligencia, incluyendo la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial y de profundizar el intercambio de información entre dependencias del Estado.
Aunque el decreto no forma parte del temario de extraordinarias, su eventual tratamiento en el Congreso aparece como una fuente adicional de conflicto. La falta de conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo complica, por ahora, cualquier intento de acelerar su discusión.
Con una agenda cargada de temas sensibles, febrero se convierte en un mes decisivo. El Congreso será el escenario donde el Gobierno medirá su capacidad de negociación y donde la oposición comenzará a perfilar estrategias, en un año que ya empieza a pensarse en clave de 2027. Si querés, puedo acortarla para web, hacer una versión más dura o bajarle un cambio para un portal económico más técnico.
