El sistema de Riesgos del Trabajo muestra resultados contundentes en materia de prevención y cobertura, aunque enfrenta una creciente presión judicial. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), en los últimos años los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos en el ámbito laboral cayeron un 80%. En términos acumulados, el sistema permitió salvar unas 19.000 vidas y evitar alrededor de 4,7 millones de accidentes, garantizando además una cobertura integral y oportuna a los trabajadores.
Sin embargo, ese desempeño positivo convive con un fenómeno que no deja de escalar: la judicialidad. De acuerdo con el relevamiento, los juicios por riesgos del trabajo aumentaron un 200% desde 2020 y en el último año alcanzaron un récord histórico, con 134.141 demandas iniciadas.
La comparación internacional expone aún más la magnitud del problema. Argentina presenta niveles de cobertura superiores a los de Chile y España, y registra índices de siniestralidad similares. No obstante, la cantidad de demandas judiciales es muy superior: la litigiosidad local es 23 veces mayor que la de España y 16 veces más alta que la de Chile. Mientras que cada 10.000 trabajadores se presentan 5,8 demandas en Chile y 8,5 en España, en la Argentina ese número asciende a 132,8. Para la UART, lo que debería ser una situación excepcional “se volvió estructural”.
El informe también advierte que a los juicios por riesgos del trabajo se suma un volumen significativo de litigios laborales por otras causas, como despidos, diferencias salariales y conflictos propios del derecho individual del trabajo, lo que incrementa aún más la carga sobre el sistema.
En ese contexto, el stock de juicios laborales por riesgos del trabajo alcanzó en septiembre las 317.848 causas, pese a que las ART lograron cerrar unas 70.000 demandas judiciales. Incluso se rompió la estacionalidad histórica: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, un comportamiento que solo se había registrado hace casi una década, en la antesala de la reforma de 2017. Además, el último cuatrimestre mostró una aceleración del conflicto judicial, con un crecimiento interanual del 12%.
Desde la UART atribuyen esta situación a falencias institucionales. “La crisis se explica por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como lo estableció la Ley 27.348”, sancionada en febrero de 2017. Según la entidad, la ausencia de estos cuerpos habilita la intervención de peritos externos sin control ni supervisión, que determinan incapacidades por fuera de los parámetros del sistema y en contradicción con los dictámenes de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El diagnóstico deja en evidencia una paradoja: mientras los indicadores de seguridad laboral mejoran de forma sostenida, el sistema enfrenta una creciente judicialización que impacta en los costos, la previsibilidad y el funcionamiento del mercado de trabajo formal.
