La decisión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de no traer a la Argentina en el corto plazo los US$ 800 millones obtenidos por la provincia mediante deuda externa colocada en Wall Street terminó de nacionalizar la disputa con el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. Lo que inicialmente se leía como una definición financiera pasó a convertirse en un contrapunto político de alcance federal.
Pullaro fue explícito al explicar los motivos de la decisión. “Los 800 millones de dólares van a quedar allá hasta que entendamos que lo mejor para la provincia es traerlos o que tengamos que ir pagando certificados de deuda”, afirmó, dejando en claro que la prioridad será el interés provincial y no las urgencias fiscales de la Nación.
El mandatario también fijó como eje central la preservación del valor de los recursos. “El tema es no perder poder adquisitivo. Si no tenemos una herramienta financiera que garantice eso, quedarán en Estados Unidos”, sostuvo, marcando un límite claro frente al pedido del Gobierno nacional de acelerar la repatriación de divisas para afrontar vencimientos en enero.
En ese marco, Pullaro remarcó que el eventual ingreso de los dólares será gradual y con destino específico. “A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco, en función de los certificados de obras, no para gastos corrientes”, explicó, descartando cualquier uso de esos fondos para financiar el funcionamiento del Estado provincial.
Lejos de plantear la discusión en términos de confrontación política, el gobernador buscó encuadrarla como una cuestión de responsabilidad institucional. “Nosotros no estamos para especular ni para hacerle daño al país: queremos que al país le vaya bien. Pero antes que el país, mi responsabilidad es que a Santa Fe le vaya bien”, afirmó, en una de las frases que más resonancia tuvo a nivel nacional.
Pullaro también dejó abierta una puerta a una eventual revisión de la estrategia, aunque bajo condiciones estrictas. “Si Nación nos garantiza con algún instrumento que los recursos se actualizan en función del aumento del dólar…”, planteó, dejando implícito que sin mecanismos claros de cobertura cambiaria no habrá cambios en la decisión.
Con estas definiciones, el gobernador santafesino no solo ratificó una postura financiera, sino que elevó el conflicto al plano nacional, instalando un debate de fondo sobre la autonomía de las provincias, el manejo de la deuda externa y los límites del poder fiscal de la Nación sobre los recursos provinciales. En ese escenario, el desafío dejó de ser técnico para transformarse en una señal política de alto impacto.
