A través de su cuenta de X, Néstor Roulet publicó una tabla que resume su mirada sobre la presión fiscal que soporta la producción agrícola en Argentina. Bajo el título “Estado insaciable”, el productor expone cómo se distribuye la renta generada por una hectárea de soja: el Estado nacional se queda con el 73 %, las provincias con el 9,6 %, el dueño del campo con el 23,8 %, y el productor que alquila pierde el 6,4 %.
Según el análisis, una hectárea de soja genera un ingreso total al país de US$ 1 305,50. De ese monto, el costo directo de producirla asciende a US$ 670,51, lo que deja una “renta” de US$ 634,99 por hectárea. Es sobre esta renta que Roulet distribuye los porcentajes para mostrar quiénes son los beneficiarios finales y en qué magnitud.
Del total de la renta, el Estado nacional recauda US$ 463,55 (73 %) a través de impuestos como derechos de exportación, IVA y otros tributos. A esto se suman US$ 60,62 (9,6 %) en impuestos provinciales. En conjunto, el Estado —en sus dos niveles— se queda con el 82,6 % de la renta generada por cada hectárea de soja.
En el reparto que muestra Roulet, el propietario de la tierra obtiene US$ 151,37 por hectárea, equivalente al 23,8 % de la renta. Sin embargo, el productor que alquila el campo y asume los costos productivos termina con un saldo negativo de US$ –40,55, es decir, una pérdida del 6,4 % por hectárea trabajada.
El planteo de Roulet busca graficar que, con la actual carga impositiva y estructura de costos, la producción agrícola —especialmente para los arrendatarios— se vuelve inviable. Al mismo tiempo, el Estado mantiene un alto nivel de recaudación sin que, según el sector, exista una contrapartida en servicios, infraestructura o políticas de fomento. Este tipo de reclamos se enmarca en la histórica discusión sobre las retenciones y el peso fiscal sobre el agro en Argentina.
