El Gobierno nacional anunció este miércoles una profunda reforma al régimen migratorio argentino. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei estableció nuevas condiciones de ingreso, permanencia y acceso a derechos para extranjeros en la Argentina.
Las medidas más relevantes incluyen:
- Deportación inmediata para inmigrantes que cometan delitos, independientemente del tipo o gravedad del hecho.
- Prohibición de ingreso para personas con antecedentes penales en su país de origen.
- Aceleración de los plazos de expulsión, limitando los mecanismos de apelación.
- Exigencia de seguro de salud para turistas y residentes temporarios.
- Cobro de servicios públicos de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares.
- Facultad para que universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente.
Además, el decreto endurece los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina. Se requerirá una residencia continua de al menos dos años o realizar una inversión económica significativa. Para la residencia permanente, se deberá acreditar medios de vida estables y no contar con antecedentes penales.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien remarcó que el objetivo es “proteger a los argentinos que cumplen la ley y que financian con sus impuestos los servicios del Estado”.
El anuncio se da en un contexto de tensión migratoria y en vísperas del proceso electoral en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión ya despertó reacciones de organizaciones de derechos humanos y será objeto de debate en los próximos días.
