En una sesión cargada de expectativas, el Senado de la Nación rechazó este miércoles el proyecto de ley de “Ficha Limpia” por un estrechísimo margen: 36 votos afirmativos contra 35 negativos, cuando se requerían 37 para su aprobación. Uno de los votos clave fue el del senador santafesino Marcelo Lewandowski, quien se pronunció en contra y terminó inclinando la balanza para frustrar la iniciativa.
El proyecto, impulsado por el oficialismo de Javier Milei y respaldado por amplios sectores sociales, buscaba establecer que ninguna persona condenada en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la administración pública, abuso sexual o lavado de dinero pudiera ser candidata a cargos electivos. El objetivo central era elevar los estándares éticos de la política argentina.
Sin embargo, el rechazo cosechado por apenas un voto evidenció la resistencia de un sector del Congreso a sancionar una norma que, de haber prosperado, podría haber inhabilitado a varias figuras con peso en el escenario político actual. Entre ellas, la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien cuenta con condenas judiciales no firmes.
La postura de Lewandowski generó una inmediata ola de repercusiones, especialmente en Santa Fe, donde dirigentes opositores y ciudadanos en redes sociales lo cuestionaron por “darle la espalda a una demanda ética de la sociedad”. El legislador del PJ, alineado con el bloque de Unión por la Patria, justificó su decisión señalando que la norma “era inconstitucional y atentaba contra el principio de inocencia”.
Desde el oficialismo y organizaciones de la sociedad civil que impulsaban la ley, como la ONG Change.org y el movimiento “Ficha Limpia Ya”, lamentaron el resultado y lo calificaron como “una derrota para la transparencia”. “La sociedad está más avanzada que la dirigencia política”, expresaron en un comunicado conjunto.
Con este resultado, el proyecto no podrá volver a tratarse hasta el próximo período legislativo, que comienza el 1º de marzo de 2026. El oficialismo planea insistir en ese momento, pero ya anticipan que será difícil romper el bloqueo del bloque kirchnerista y sus aliados.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la calidad institucional en Argentina y deja expuesto, una vez más, el desacople entre las demandas ciudadanas y las prioridades del Congreso.
