La regulación de Uber, DiDi y otras aplicaciones de movilidad en Rosario sumó un nuevo foco de conflicto en el Concejo Municipal. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) adelantó que no acompañará el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin en su redacción actual y reclamó que la actividad tenga una ordenanza específica, en lugar de incorporarse mediante modificaciones a la normativa vigente para taxis y remises.
“Así como está el proyecto que mandó el intendente, es muy difícil acompañar”, sostuvo el concejal Juan Pedro Aleart, quien explicó que el rechazo responde tanto a diferencias ideológicas como a objeciones puntuales sobre el contenido de la propuesta.
El edil remarcó que su espacio venía reclamando que se abriera la discusión sobre las aplicaciones de transporte y defendió la necesidad de avanzar con una regulación. Sin embargo, aclaró que impulsar el debate no implica respaldar cualquier iniciativa.
“Que nosotros hayamos insistido en que esto se discuta no quiere decir que vayamos a aprobar cualquier cosa”, planteó Aleart, quien cuestionó los tiempos elegidos por el Ejecutivo municipal para avanzar con el tratamiento legislativo.
La tarifa mínima y las posibles tasas, entre los principales reparos
Uno de los puntos que generan diferencias es el esquema tarifario propuesto por la Municipalidad. La iniciativa establece que los viajes contratados mediante aplicaciones tendrán una tarifa flexible, pero con un piso equivalente al valor del boleto del transporte urbano de pasajeros.
Para Aleart, ese mecanismo implica una intervención estatal sobre los precios de una actividad que considera privada.
“Nosotros entendemos que tiene que funcionar de acuerdo con la oferta y la demanda. Si se establece una tarifa mínima, el Estado empieza a intervenir en la formación del precio”, explicó.
El segundo cuestionamiento está relacionado con las obligaciones tributarias previstas para las plataformas. Según el concejal, la redacción del proyecto deja abierta la posibilidad de que la actividad quede alcanzada por nuevas tasas municipales.
Desde LLA sostienen que no acompañarán una normativa que habilite ese escenario. La objeción se vincula con la posición del espacio frente a la creación de nuevos tributos y con sus críticas a la política fiscal del gobierno municipal.
En este punto, cabe distinguir entre la creación de una tasa específica para las aplicaciones y la obligación de cumplir con los tributos municipales que correspondan según la normativa vigente. El proyecto contempla obligaciones fiscales para las plataformas, mientras que la posibilidad de nuevas cargas es una de las interpretaciones que cuestiona el bloque libertario.
Por qué La Libertad Avanza reclama incluir a las motos
Otro de los desacuerdos tiene que ver con la exclusión de las motocicletas como modalidad para trasladar pasajeros. Aleart considera que dejar afuera esa alternativa supone desconocer una parte de los servicios que ya se utilizan a través de las aplicaciones.
El concejal señaló que otras jurisdicciones permiten esta modalidad y sostuvo que una regulación debería contemplar esa realidad desde el comienzo.
Para el bloque libertario, la exclusión de las motos constituye una limitación relevante del proyecto, tanto por las opciones de movilidad que ofrece como por las posibilidades de generar ingresos para quienes trabajan con plataformas digitales.
La posición contrasta con la del oficialismo, que no incorporó el traslado de pasajeros en moto a su propuesta y ha expresado reparos vinculados con la seguridad.
Objeciones por los datos personales y las facultades de control
Aleart también cuestionó el alcance de las atribuciones que el proyecto otorga al municipio para supervisar el funcionamiento de las plataformas. Según su interpretación, la iniciativa avanza sobre aspectos de la operatoria comercial, como la oferta, la demanda y las condiciones de prestación del servicio.
A eso sumó una objeción vinculada con el artículo 5 y su presunta incompatibilidad con la legislación nacional de protección de datos personales. Se trata de un cuestionamiento formulado por el concejal que deberá evaluarse a partir del texto de la iniciativa y de las normas aplicables.
El edil también criticó las exigencias que, según señaló, podrían condicionar la disponibilidad del servicio durante todo el año y las 24 horas. A su entender, ese tipo de disposiciones resulta excesivo para una actividad privada intermediada por plataformas tecnológicas.
La discusión de fondo, según Aleart, pasa por definir hasta dónde debe llegar la intervención municipal en un sistema que conecta a conductores y pasajeros mediante acuerdos gestionados a través de aplicaciones.
El reclamo por una ordenanza específica
Más allá de las diferencias sobre tasas, tarifas y controles, Aleart puso el foco en el instrumento legislativo elegido por el Ejecutivo.
El proyecto de Javkin propone modificar la ordenanza 10.544, que regula aspectos vinculados con las aplicaciones utilizadas para solicitar viajes en taxis y remises. Para el concejal libertario, las plataformas de movilidad tienen características diferentes y requieren una normativa propia.
“Para nosotros tiene que ser una ordenanza nueva, específica para el sistema. No se trata de seguir modificando una norma que fue pensada para otra modalidad de transporte”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, LLA plantea que la regulación debe reconocer las particularidades de las aplicaciones y establecer reglas diferenciadas para conductores particulares, empresas tecnológicas y usuarios.
El concejal también cuestionó que el oficialismo pretenda acelerar el tratamiento después de años de discusión sobre el funcionamiento de estas plataformas en Rosario. A su entender, el debate necesita más tiempo para analizar los artículos y construir una propuesta que pueda reunir consensos.
Un debate abierto en el Concejo de Rosario
El proyecto municipal busca establecer un marco legal para Uber, DiDi y otras plataformas que actualmente funcionan en la ciudad, con requisitos para empresas, conductores y vehículos, además de condiciones de seguridad y un esquema tarifario específico. La iniciativa también mantiene diferencias entre los viajes contratados mediante aplicaciones y los servicios tradicionales de taxi tomados directamente en la calle.
La discusión en el Concejo enfrenta distintas posiciones sobre cómo incorporar una modalidad de transporte que ya forma parte de la vida cotidiana de los rosarinos. Mientras el Ejecutivo impulsa una regulación que establezca condiciones de funcionamiento y control, La Libertad Avanza reclama una normativa diferenciada y cuestiona el alcance de las restricciones propuestas.
Por ahora, la postura del bloque libertario es clara: no acompañará el proyecto en su redacción actual. La posibilidad de modificarlo y alcanzar acuerdos dependerá del debate legislativo y de la eventual revisión de los puntos que generan mayores diferencias.
