Tras varios meses de debate en comisiones y audiencias con distintos actores del sistema, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que apunta a reducir la litigiosidad laboral. La iniciativa fue aprobada con 32 votos a favor y 14 en contra, reflejando un escenario político dividido en torno a cómo encarar la problemática.
El proyecto, impulsado originalmente por el radical José Corral, no solo introduce cambios en el Código Procesal Laboral, sino que también suma nuevos capítulos vinculados al funcionamiento de las comisiones médicas y al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Qué busca cambiar la ley
El eje central de la reforma es reducir la cantidad de juicios laborales, bajo la premisa de que esto impacta directamente en los costos que enfrentan las empresas, especialmente las pymes. Según los impulsores del proyecto, en Santa Fe se da una situación particular: hay menos accidentes laborales, pero más litigios, lo que eleva el costo del sistema.
En ese marco, uno de los cambios clave es que, antes de iniciar una demanda judicial por accidentes o enfermedades laborales, el trabajador deberá acreditar que agotó la instancia administrativa en las comisiones médicas y justificar si se aparta de ese dictamen.
Además, se introducen modificaciones en la forma de remunerar a los peritos judiciales: sus honorarios dejarán de estar atados al monto del juicio o al porcentaje de incapacidad determinado. En cambio, se fijarán en función de la calidad y relevancia del trabajo realizado, con un tope establecido.
Más control y seguimiento del sistema
Otro punto importante del proyecto es el fortalecimiento del Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas. La idea es generar estadísticas más precisas y un seguimiento más riguroso del funcionamiento del sistema, con participación de distintos organismos.
También se incorporan cambios a la ley provincial que regula la adhesión al sistema nacional de ART, estableciendo mecanismos de supervisión conjunta entre el gobierno provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Como parte de esta reorganización, se prevé la creación de un cuerpo especializado de profesionales con dedicación exclusiva, lo que apunta a garantizar mayor independencia y calidad técnica en las evaluaciones.
Posturas enfrentadas
Desde el oficialismo y los bloques aliados defendieron la iniciativa como una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas y fomentar el empleo registrado. Argumentan que buena parte de los costos actuales del sistema no benefician ni a trabajadores ni a empleadores, sino que se diluyen en la burocracia y en la litigiosidad.
En cambio, desde sectores del justicialismo y la izquierda cuestionaron el enfoque del proyecto. Si bien reconocieron la necesidad de abordar el problema de la litigiosidad, advirtieron que algunos puntos podrían ser inconstitucionales o afectar derechos de los trabajadores. También señalaron que el foco debería ponerse en las enfermedades profesionales más que en los accidentes laborales.
Un primer paso hacia una reforma mayor
Desde la Comisión de Asuntos Laborales remarcaron que se trata de una reforma parcial, pensada como punto de partida para cambios más profundos en el fuero laboral santafesino. En ese sentido, destacaron la necesidad de seguir evaluando el impacto de las medidas y avanzar en una revisión integral del sistema.
Con la media sanción ya aprobada, el proyecto deberá ahora ser tratado en el Senado provincial, donde se anticipa que continuará el debate sobre cómo equilibrar la protección de los trabajadores con la sustentabilidad del sistema productivo.
