Santa Fe y Paraná aplican modelo “PPP” para licitar terminal aérea

Nación atenta a las primeras pruebas piloto que lanzó con algunos municipios

Por la propia estructura de estos acuerdos, los proyectos chicos no pueden acceder a los Acuerdos de Participación Público Privada (PPP).

Según un informe del Cronista, la propia estructura del programa de PPP hace que no sea utilizable en algunas provincias y mucho menos en los municipios. Primero porque este modelo son contratos concesionables por lo que hace falta una escala de negocio para que los privados acepten participar. Y, en segundo lugar, el piso de financiamiento es de u$s 350 millones, lo que representa una cifra muy alta para que los municipios puedan ingresar con sus obras.

El propio subsecretario de PPP del Ministerio de Finanzas, José Luis Morea, explicó durante el primer Encuentro Nacional de Ciudades e Infraestructura que organizó el Ministerio del Interior que, “según sondeos de mercado y experiencias regionales, programas por encima de u$s 300 millones tienen una liquidez muy atractiva. Proyectos por debajo de esos montos tendrán inversores distintos”.

Frente a eso, una de las posibilidades que están empezando a barajar en algunas de las intendencias es hacer un “pool” de obras para poder licitarlas con esta herramienta.

En este sentido las ciudades de Paraná y Santa Fe empezaron a trabajar juntas para la construcción de una terminal aérea. La intención, que surgió del Ejecutivo nacional, es que ambas localidades que tienen aeropuertos converjan en una sola terminal para así poder abaratar los costos y ser más atractivos para las compañías aéreas.

Las ciudades, que ya operan de manera conjunta el túnel subfluvial desde hace casi medio siglo, verán una primera etapa de PPP en lo que será la licitación del puente Paraná-Santa Fe, que está programado para septiembre del año próximo, según el cronograma de convocatoria a empresas mediante el Programa de Participación Privada (PPP).

Los PPP serán fundamentales para el 2018 porque, en principio, es la herramienta elegida por el Gobierno para suplantar la escasez de recursos para la obra pública que propone en el Presupuesto.

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