La provincia de Santa Fe estima recaudar para este año casi 34.000 millones de pesos. Los municipios y comunas sólo reciben una porción mediante la coparticipación, el remanente permanece en la “billetera” del gobierno provincial, para afrontar los gastos centrales.
Algunos ejemplos. El impuesto a los sellos, el que no se coparticipa con municipios y comunas, este año debería generarle a la provincia, según lo estimado en el Presupuesto, un monto superior a los $ 1.000 millones. Del famoso “Fondo Sojero”, el 70 por ciento de lo recaudado queda en la provincia y sólo el 30 por ciento se coparticipa a las intendencias y comunas.
Del impuesto a los Ingresos Brutos (casi $ 6.000 millones), una pequeña proporción, el 13,42 por ciento, es la que se coparticipa a gobiernos locales. De Lotería, Quini 6 y Quinielas (más de $ 1.600 millones) sólo el 20 por ciento se coparticipa. Otros juegos (más de $ 600 millones) el 100 por ciento va a la provincia.
La “reforma tributaria” impulsada por el gobernador, tiene modificaciones en las alícuotas de prácticamente todos los impuestos con el objetivo de recaudar entre $ 800 millones y $ 1.000 millones más para este 2012; para enjugar un déficit por ellos generados.
Esta mal llamada “reforma” propone aumentar los impuestos a las propiedades (Inmobiliario urbano y rural) revaluando e incrementando alícuotas a las ventas y al consumo en general, a la construcción (Ingresos Brutos) y a los contratos (Sellos).
Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que denomino como un “impuestazo”, tenemos ejemplos: el incremento del inmobiliario urbano representaría entre el 60 y el 85 por ciento para un gran porcentaje de los inmuebles; pudiendo llegar en algunos casos hasta un 120 por ciento anual.
Es cierto que las valuaciones fiscales rurales están desactualizadas, pero, ¿es oportuno adecuar de golpe algo que no se hizo gradualmente a lo largo de los años? ¿y justo ahora cuando la “billetera no alcanza”?. Como si fuera poco, un revalúo también implicaría darle más recursos a la Nación, cuando ésta no envía a la provincia lo que corresponde y le sigue debiendo fondos a Santa Fe.
El impuesto sobre los Ingresos Brutos sufriría hasta un 20 por ciento de incremento en su alícuota; este, un típico impuesto al consumo, regresivo, lo soportarán tanto los que más poseen como los que menos.
La construcción en sí misma genera riqueza social real y es “motor de industrias”. Sin dudas, el aumento incrementará el precio final del metro cuadrado, por ende lo pagará el adquirente del inmueble de todas las clases sociales.
La propuesta, ¿es “progresista” o es más de lo mismo, pura necesidad de caja, que bien podría provenir de un gobierno conservador y/o liberal?
Bajo esa luz, analizando la propuesta del gobierno de Santa Fe, lo que más se observa es el carácter eminentemente recaudador de la misma y la poca importancia que se le da a mejorar la situación financiera de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. O peor aún, pretender con la reforma mejorar las finanzas municipales y comunales aumentando impuestos sin resignar poder por parte de la provincia.
PROPUESTA. Si nos decimos “progresistas” lo primero que hay que debatir en la provincia es si la “billetera” la tiene que tener el gobernador o los intendentes y presidentes comunales. Una verdadera reforma tributaria progresista debe tender a recursos provenientes de impuestos directos y cada vez menos de impuestos indirectos, que pagan todos por igual y descentralizando el poder hacia los municipios con transferencia de los recursos, reservando para la provincia aquellas competencias de su exclusiva responsabilidad como la seguridad, la salud y las obras de infraestructura viales. Si el gobernador le reclama a la Nación una mayor coparticipación, hay que ser coherente y lo mismo aplicarlo en la provincia.
Modificar los porcentajes de distribución de los impuestos sería un gran avance en la descentralización del poder en favor de municipios y comunas.
Una reforma debería incluir la incorporación del impuesto de sellos en función del monto que genere cada municipio y comuna.
Otro progreso en términos de mejorar las finanzas de los municipios y otorgarles mayor autonomía, sería modificar el régimen en el que se coparticipa el famoso Fondo Sojero.
Actualmente el 70 por ciento de lo recaudado de dicho fondo queda en la billetera del gobernador, mientras que sólo el 30 por ciento se distribuye a los intendentes. Debería ser como mínimo 50 y 50 por ciento.
La coparticipación del Impuesto a los Ingresos Brutos debería incrementarse considerablemente para los municipios y comunas, no menos del 25 por ciento (hoy 13,42 por ciento).
La ley denominada “de obras menores”, acorde con lo propuesto por 7 senadores de la UCR, debe incrementar la alícuota a 1,5 por ciento de los recursos e incluir a las ciudades de Rosario y Santa Fe.
Los fondos provenientes del juego como Lotería, Quini, carreras y casinos, deberían coparticiparse por partes iguales.
Asimismo, no puedo dejar de mostrar mi preocupación en torno a la situación de incertidumbre actual y a la mengua de la actividad económica. En estas condiciones aumentar los impuestos es un agravante; reformar el sistema, una solución.
Además de una verdadera reforma tributaria que descentralice el poder se debería hacer con énfasis en la política del gasto. Es bien sabido que la provincia contó a lo largo de estos años con suficientes recursos que podrían haber permitido un desarrollo con mayor equidad.
Hoy la provincia no sólo no generó dichas obras sino que presenta una situación económica deteriorada que evidencia una mala administración de los recursos estatales.
Por supuesto que los impuestos son un instrumento genuino de los gobiernos para redistribuir ingresos con el fin de lograr una sociedad más justa, pero siempre teniendo en cuenta los principios de legalidad, de igualdad, de no confiscatoriedad y de razonabilidad de los impuestos. Agrego, con sistemas de coparticipación inversa donde se conviertan los intendentes y presidentes comunales en actores principales y no de reparto como lo son hoy, subordinados a la “benevolencia” de los presidentes y/o gobernadores con la sumisión política como contraprestación. El rey subordina a sus súbditos con la “billetera”.
Es por ello que esta mal llamada reforma tributaria tiene el único objetivo de aumentar impuestos para cerrar el déficit creado por la propia administración y no tiene en cuenta otorgar mayor autonomía a los gobiernos locales.
Por último, antes que me digan que con las reformas propuestas solo se lograría desfinanciar a la provincia, les digo que no es así, sólo se descentraliza la administración de iguales recursos y por supuesto las funciones financiadas por aquellos.
Debemos tender al municipio-estado y no a un Estado que centraliza municipios y los somete.