La reforma de Ley de Alquileres despierta dudas en las inmobiliarias. Mientras el oficialismo busca sacar un dictamen que le permita avanzar en Diputados, los actores del sector calibran el impacto que puede tener.
“Más allá de que la vivienda está vista desde una perspectiva social, no deja de ser un contrato entre partes; y de por sí, cuando el Estado interviene en un contrato entre partes, afecta la oferta y la demanda”, apuntó el representante de la Cámara de Inmobiliarias de Rosario, José Ellena.
Uno de los puntos que hace ruido es la flexibilización de las garantías. Según el artículo 13 del proyecto, el propietario deberá aceptar la garantía que le ofrezca el inquilino, entre las que se cuentan un aval bancario, un seguro de caución, una garantía real o una personal del locatario o del fiador. “Acá van a reformar un punto que de por sí ya no funciona”, dijo el empresario en Radio Fisherton. Y explicó: “Nosotros como inmobiliarias, o los propietarios, podríamos tranquilamente no tener este requerimiento en la medida en que la morosidad no fuera tan grande, o que la restitución de un inmueble por falta de pago se hiciera en un tiempo lógico (hoy tarda de 2 a 3 años), pero como la Justicia no funciona, no hay opción”.
De acuerdo con Ellena, también se debe prestar atención a lo que implica que las comisiones sean pagadas sólo por los propietarios. “Esto provoca un cambio serio al enfoque que se le da a la actividad inmobiliaria. Como corredores trabajamos para las partes, cobramos por el resultado, es decir, cuando una operación se cierra; y además no somos paso obligado. La modificación de la ley implicaría que pasemos a ser mandatarios de los propietarios”.
REDACCIÓN ON24
