Cambió el trámite de registro de marca…para mal

Un DNU impacta en la Ley de Marcas sobre nuevos modelos industriales y patentes

El gobierno nacional introdujo cambios importantes mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la Ley de Marcas del año 1981. La inesperada medida impulsada a través del Ministerio de la Producción provocó la reacción del especialista en registro de marcas Fernando Sánchez: “No entiendo qué tienen de urgente las cuestiones relativas a la Ley de Marcas para que justifique su modificación con un decreto de necesidad y urgencia, cuando la norma data de la década del 80. Entre otras modificaciones ahora en caso de oposiciones al registro, será el mismo INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) quien decida si son válidas o no; antes lo decidía el Poder Judicial si las partes no se oponían de acuerdo (lo cual ocurría casi siempre), destacó el letrado.

“Hasta la actualidad, el trámite de registro de marca se extiende entre 12 y 15 meses, plazo similar a la media internacional. En sí el trámite burocrático no era malo, de necesitar una modificación hubiera sido interesante que el Estado se abstenga de analizar y conceda la marca salvo que exista oponentes, como pasa en Francia” destacó Sánchez, advirtiendo: “La modificación al trámite traerá más burocracia, ahora es el INPI quien suma más tareas. Antes   si había oposición me ponía en contacto con el oponente y se negociaba entre privados con la amenaza de demanda judicial si la oposición no estaba bien fundada, y de ese modo entre privados se resolvía. Ahora, con la nueva modificación, hay un plazo para ponerse de acuerdo entre partes, pero de no llegar a buen puerto es el INPI quien resuelve, con lo cual si alguien quiere complicar el registro de una marca sostiene la oposición a la espera que el Estado resuelva, quien sabe ahora en qué plazos. La lógica indica que podrían ser más de 15 meses porque la misma estructura absorbería más tareas: las oposiciones, las nulidades y las caducidades; tres tareas tramitadas anteriormente en sede judicial”, explicó.

Por último el especialista destacó: “En definitiva la medida beneficia a los profesionales  que gestionamos el registro, no a los emprendedores. Todo indica que habrá más burocracia y los plazos se van a prolongar”

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